Videoatención para menores con permisos y recorridos definidos

Depende del servicio, la edad, madurez, finalidad y marco aplicable. La organización debe definir cuándo requiere intervención o autorización del representante.

Cuando corresponda, el representante legal otorga la autorización, después de garantizar el derecho del menor a ser escuchado y valorar su madurez, según los criterios señalados por la SIC.

No puede responderse de forma universal. Depende del servicio, el interés superior, la normativa sectorial y los protocolos de la organización.

La organización define un mecanismo proporcional al riesgo: datos previamente registrados, documentos, códigos u otros controles. Debe evitarse recopilar información excesiva.

No. La SIC destaca el derecho del menor a ser escuchado y que su opinión sea valorada según madurez, autonomía y capacidad de comprensión.

Solo tras una evaluación específica de finalidad, necesidad, autorización, interés superior, acceso y retención. En telemedicina también aplican las condiciones de la Resolución 2654.

El asesor debe verificar quién participa y aplicar el protocolo de privacidad. Puede pausar o reorientar la sesión si no están dadas las condiciones.

Solo los necesarios para el servicio y dentro de su perfil. Información adicional aumenta exposición sin mejorar necesariamente la atención.

No debe incorporarse por defecto. Requiere una evaluación jurídica, de necesidad, proporcionalidad, seguridad y alternativas, especialmente rigurosa tratándose de menores.

Con un registro consultable que identifique finalidad, información entregada, persona que autoriza, fecha y mecanismo, de acuerdo con la política definida.

Lenguaje claro, breve y adecuado a la edad, sin depender únicamente de textos jurídicos extensos. El representante también debe recibir la información necesaria.

La organización debe definir el destinatario autorizado y evitar revelar información sensible en mensajes o notificaciones visibles.

Con protocolos sectoriales y responsables previamente definidos. La plataforma puede apoyar alertas y escalamiento, pero no sustituye el juicio profesional ni las obligaciones de protección.

Solo si la finalidad, alcance y vigencia informados lo permiten. Cambios relevantes pueden exigir una nueva autorización o información.

La organización debe revisar titularidad, autorizaciones y acceso a información conforme a su política y al marco aplicable.

No. Implementa reglas aprobadas por la organización y sus responsables jurídicos, clínicos y de datos; no reemplaza esa validación.

No. Cada organización debe definir qué servicios pueden resolverse por video y cuáles requieren presencia, documentos físicos, equipos o valoración directa. El canal debe ampliar las opciones sin forzar al usuario a una modalidad inadecuada.

Sí, si la operación define una cola común o reglas coordinadas por servicio, prioridad y disponibilidad. La integración evita que el asesor administre manualmente dos listas independientes.

El flujo debe prever reintento, cambio de canal, devolución de llamada o reasignación del turno. La contingencia se diseña según el servicio para que una falla técnica no deje al usuario sin orientación.

No necesariamente. La grabación debe responder a una finalidad definida, una base jurídica válida y controles de acceso y retención. En telemedicina, la Resolución 2654 de 2019 exige autorización del usuario y del profesional si el prestador decide grabar.

Como mínimo conviene observar demanda, espera, duración, abandono, transferencias, resolución, fallas de conexión y satisfacción. Los indicadores deben interpretarse por servicio y no como una promesa automática de ahorro.